Las empresas marcan al Estado el camino a seguir en la "regulación" audiovisual

La industria privada del audiovisual en España han suscrito un documento bajo el título de DECLARACIÓN DEL CLUB MALAGA VALLEY E-27, LA UNION DE TELEVISIONES COMERCIALES ASOCIADAS (UTECA) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEVISIONES PRIVADAS DIGITALES AUTONÓMICAS Y LOCALES (ASODAL), PARA LA EL USO Y FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. Este documento pretende ser la hoja de ruta para el Gobierno de España en el futuro desarrollo de la legislación que regule los medios audiosviuales en la era digital (tras el apagon analógico). Tiene toda la pinta de ser un estrategia destinada a adelantar la línea de defensa y asumir parte de los postulados de regulación que la administración pública tiene en su mano y rechazar de plano, por otra, o directamente tratar de bloquear el papel de la regulación democrática del sector audiovisual. El documento tiene dos elementos que revelan la agenda oculta de este grupo de presión industrial. En primer lugar, se incide en diversas ocasiones en la necesidad de empequeñecer y marginar el papel de los medios públicos en el desarrollo del sector audiovisual de la TDT. En segundo lugar, se afirma estar a favor de la existencia de un consejo regulador de todo el "sector" de los medios audiovisuales pero que no de los "contenidos" (sic). Si el consejo no toma medidas en la regulación de los contenidos quierre decir que no puede regular más que las "señales" de emisión. Es decir, ninguna de sus decisiones podría tener en cuenta factores de contenidos. La polémica esta servida: ¿cómo podría regular la CNMV el mercado de valores y los movimientos de los operadores de bolsa sin entrar a determinar qué y como se venden los productos? ¿Cómo puede un organismo regular o supervisar los medios audiovisuales sin revisar sus contenidos?